«El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del presidente», señala una resolución emitida por la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
La Fiscalía había levantado las órdenes a 31 miembros del ELN, entre ellos los miembros de su cúpula, alias ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ o ‘Aureliano Carbonell’, para que en noviembre de 2022 se reanudaran las negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, las negociaciones, que estaban congeladas desde hace meses por las desavenencias entre las partes, se suspendieron el viernes por orden de Petro después de que el ELN emprendiera el día anterior una ofensiva contra una disidencia de las FARC en el Catatumbo que ha dejado más de 80 muertos, incluidos líderes sociales y firmantes de paz, y ha provocado el desplazamiento de 32.000 personas, además de secuestros y confinamientos.
Por «la gravedad de los actos criminales» en el Catatumbo
La revocación de los beneficios de suspensión de las órdenes de captura, según la Fiscalía, responde a «la gravedad de los actos criminales» perpetrados por la guerrilla.
«La violencia desatada desde el pasado 16 de enero, que originó la actual tragedia humanitaria y múltiples delitos, además de mantener en riesgo la vida e integridad de la población civil, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares, se la atribuyó en la red social X el ELN a través de uno de sus máximos jefes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’», explicó el ente acusador en un comunicado.
La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló la víspera que el número de desplazados tras seis días de ofensiva ascendió a 32.000, con la mitad de ellos en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, al que pertenece el Catatumbo, zona que también comparte frontera con Venezuela.
Con información AFP
